Zonas de Concentración: Obstáculo para la firma en Cuba

El Congreso de la República logró, recientemente, el acuerdo político entre santistas y uribistas respecto a un punto neurálgico para los diálogos de La Habana: las Zonas de Concentración de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-. Estas deberán ser, en teoría, los espacios idóneos para el desarme de las tropas guerrilleras para su reintegración progresiva. Mientras el acuerdo se acerca a posiciones como la del Procurador General, se aleja de las expectativas de los negociadores de las FARC que expresan su preocupación sobre resolver dichos temas fuera de la mesa bilateral. Este panorama, entre otras discusiones incompletas, justifica el hecho de que el 23 de marzo no haya firma del acuerdo final.

El Centro Democrático, con su postura contra la paz, ha intentado poner trabas a todas las políticas de Santos, incluyendo por supuesto el trascendental tema de la paz pero este acuerdo sobre zonas de concentración es una de las excepciones. La Unidad Nacional, el Partido Verde y el Centro Democrático, lograron un acuerdo sobre los puntos de concentración en las que se podrían suspender provisionalmente las órdenes de captura sobre los guerrilleros de las FARC, de forma que se facilite la transición.

¿La mesa ahora es en el Congreso?

Algunas de las particularidades de este pacto responden al reclamo del uribismo pero dejan por fuera las disposiciones de la otra parte de la mesa, es decir, las FARC. La reforma a la Ley de Orden Público condiciona, ahora, los lugares de concentración a puntos sin cultivos ilícitos o lugares que no sean limítrofes con otros países. No obstante, este tipo de acuerdos políticos, al ser unilaterales, no aportan elementos para un exitoso curso final de los diálogos de La Habana. Las FARC consideran la postura del Gobierno de desconocerlos, una vez más, como los interlocutores, un nuevo obstáculo para las negociaciones.

Voceros de las FARC han expresado que la definición sobre las zonas de concentración fuera de los diálogos bilaterales es un duro golpe para el proceso, incluso han cuestionado la obligatoriedad y el carácter vinculante de decisiones como por hacerse fuera de la agenda, de 6 puntos, acordada hace más de tres años. Aunque existe la posibilidad de incluir puntos de discusión en las rondas de negociación, estos deben ser por mutuo acuerdo y tratar temas tan importantes para el posacuerdo sin el aval de los negociadores de las FARC es un gesto peligroso que carece de legitimidad.

Sí pero no

La viabilidad política de dicho acuerdo en el Congreso es alta, no así su posibilidad práctica. Según las condiciones definidas para las zonas de concentración y dependiendo el número final que se dispongan, podrían existir muy pocos y específicos lugares del país en los cuales existirían puntos que cumplan con las disposiciones de la reforma propuesta  por el Gobierno y los congresistas. Encontrar entidades territoriales en Colombia que se adapten a las exigencias geográficas, políticas, económicas y sociales de la reforma a la Ley de Orden Público es una tarea compleja si se considera que las zonas de influencia de las FARC son justamente puntos periféricos, aquejados por problemáticas como los cultivos de coca, lo que motivó la necesidad de establecer un punto de discusión sobre el tema de drogas ilícitas en la agenda de La Habana.

Otro punto trascendental en el debate sobre las zonas de concentración, es la opinión de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que piden respeto en sus territorios y aplicación efectiva del derecho a la consulta previa para decidir si quieren o no que sus comunidades sean intervenidas. La necesidad del Gobierno por avanzar en las negociaciones ha evitado cualquier tipo de diálogo con las comunidades para encontrar zonas que se adecuen a las condiciones acordadas para la concentración o agrupamiento de los guerrilleros. De las demandas campesinas, indígenas y afrodescendientes depende la posibilidad real de implementar las zonas y el posacuerdo en general.

Caramelo para el Procurador, palo para las comunidades

La reforma a la Ley de Orden Público, en los términos que planteó el Congreso, resulta ser un guiño a las observaciones del procurador Alejandro Ordóñez quien días atrás habló ante la opinión pública sobre la necesidad de delimitar las futuras zonas de concentración bajo parámetros claros que, según él, «salvaguardaran a la población civil y dieran garantía a los colombianos de una efectiva desmovilización guerrillera».

Los condicionamientos que había propuesto el Procurador referían la necesidad de establecer dichas zonas fuera de áreas urbanas así como alejadas de cultivos ilegales y también lejos de zonas fronterizas. Siendo el Procurador uno de los más activos opositores a los diálogos de La Habana, este podría ser un punto de inflexión que lo acerca una vez más al uribismo, sector político que defendiendo sus banderas logró el cuestionado acuerdo paralelo a las negociaciones reales entre FARC y Gobierno.

Por su parte, voceros indígenas han expresado en varias oportunidades que no prestarán sus territorios para que sean usados para establecer zonas de concentración sin consulta previa y mucho menos como resultado de una decisión unilateral del Gobierno. Han establecido también que los defenderán reivindicando sus derechos. Los campesinos son quienes más deberán ser consultados en tanto las condiciones para establecer dichos puntos parecen apuntar a que solo podrán existir en el campo, siendo los espacios ‘idóneos’ según las restricciones acordadas en el Congreso.

Así las cosas y contando con la variable del ascenso del paramilitarismo en el país, los campesinos que acepten en sus territorios la entrada de combatientes para la concentración deberán ser respaldados por entidades internacionales que garanticen su seguridad, permanencia en el territorio y su vida para no desembocar en una nueva tragedia humanitaria.

Faltan voces

El debate entre el Gobierno y las FARC sigue abierto. Mientras el Gobierno se apoyará en la legalidad que representa la reforma aprobada por el Congreso, las FARC debatirán sobre la pertinencia tomar decisiones que afectarán directamente al posacuerdo al margen de la mesa de negociación. Veremos entonces si, al final, este paso unilateral sobre la Ley de Orden Público significa un nuevo obstáculo para la celeridad en la firma definitiva del acuerdo, teniendo en cuenta que dichas zonas no tendrán repercusiones únicamente en la implementación de los acuerdos sino también en la reorganización política y social del país.

Es evidente la necesidad de un diálogo y debate que responda al reclamo que hace la sociedad organizada. La paz no será completa si únicamente el Gobierno y los actores armados intervienen en su construcción. Indígenas y campesinos, comunidades afro y urbanas, tienen reivindicaciones territoriales concretas que, en este caso particular, el Gobierno invisibiliza mediática y políticamente; son demandas que se dejan a un lado debido al evidente afán para finalizar los acuerdos de La Habana que sin duda no se firmarán porque no están listos: Falta tela por cortar.

Vía: Colombia Informa

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