La Paz y el Negocio de la Guerra

Nota Editorial

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Por: William Hundelshauseen Carretero

Presidente Nacional APIC

El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresaron en esta semana su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que confine la utilización de las armas y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, se comprometan a un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicha responsabilidad hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado durante 50 años; en esta oportunidad recordemos la Paz y el negocio de la guerra en Colombia y el origen de las FARC la cual es diferente al de otros grupos combatientes.

En 1948 fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, caudillo popular detestado por la intransigente oligarquía colombiana. El magnicidio provocó una gran revuelta popular, EL BOGOTAZO, y un largo período de guerras entre liberales y conservadores conocido como La Violencia, en el que murieron unas 200,000 personas. Liberales y comunistas, perseguidos ferozmente por el Estado, se refugiaron en regiones remotas e inaccesibles y resistieron durante más de una década, hasta que buena parte de ellos se reagruparon en lo que posteriormente serían las FARC. El 5 de mayo de 1966 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como brazo armado del Partido Comunista.

El origen liberal de buena parte de sus efectivos, entre ellos Manuel Marulanda Vélez, TIROFIJO, su principal dirigente, marcan diferencias con la mayor parte de las guerrillas del continente. Hacia los años 60, las guerrillas liberales y comunistas fueron concurriendo en ‘zonas liberadas’ en las que fundaron ‘repúblicas independientes’ como la de Marquetalia. La segunda vertiente, más importante aún, radica en la necesidad de los campesinos en defenderse de los terratenientes, que marginaron y expropiaron a las mayorías de ellos empujándolos hacia las márgenes de la frontera agrícola. La guerrilla colombiana se conforma, en los hechos, como grupos de autodefensa campesina ante la violencia extrema de los poderosos. Hasta comienzos de la década de 1980 las FARC contaban con mil a tres mil combatientes. En mayo de 1984 establecen un alto el fuego como parte de los acuerdos de paz firmados con el presidente Belisario Betancourt, y crean la Unidad Patriótica (UP) para participar en las elecciones y en la vida política legal. Pero la UP fue aniquilada por la acción conjunta de los narcotraficantes, los paramilitares y el Estado.

En pocos años fueron asesinados entre dos y cuatro mil simpatizantes y dirigentes de la UP. A partir de 1986, bajo el gobierno de Virgilio Barco, comenzaron procesos de paz con el M-19, el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame, que formaban junto a las FARC y al ELN la Coordinadora Simón Bolívar. Como parte de los acuerdos de paz con esos grupos figuraba la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

El 9 de diciembre de 1990, el mismo día en que se elegían los constituyentes y mientras aún se negociaba la paz con las FARC, el ejército sin previo aviso lanzó una ofensiva contra la mítica Casa Verde, sede del Secretariado del grupo guerrillero. En 1998 se abre un nuevo proceso de paz con el presidente Andrés Pastrana y la creación de una Zona de Distensión desmilitarizada de 40,000 kilómetros cuadrados. En 2002 se puso fin a la experiencia en medio de acusaciones a las FARC de participar en el negocio del narcotráfico y practicar el reclutamiento forzoso de menores, mientras el gobierno de Pastrana negociaba el Plan Colombia  para fortalecerse y ganar el conflicto. En el gobierno de Uribe, desde 2000, todo fue empeorando.

Las FARC debieron replegarse y han perdido numerosos efectivos y, sobre todo, la iniciativa militar y política. Sin embargo, la política de Washington y de Uribe no alcanzó a explicar el brutal aislamiento de las FARC, lo que representó su derrota política y, probablemente, su futura desaparición como grupo significativo. La forma como se financian es un dato relevante. El 78% de sus ingresos, o sea unos mil millones de dólares anuales, los obtiene por su participación en el narcotráfico, según el gobierno de Colombia. Una parte sustancial es el llamado ‘impuesto al gramaje’, pagado por cada gramo producido por campesinos y traficantes. Otros 600 millones de dólares los obtiene, según las mismas fuentes, de las ‘vacunas’ o extorsiones y secuestros. El resto de sus ingresos provendrían del robo de ganado a los terratenientes. Un segundo elemento que deslegitimó a las FARC es que entre el 20-30% de sus efectivos son menores, muchos de ellos reclutados a la fuerza según denuncia de Humans Rights Watch. En tercer lugar, están sus métodos, a menudo muy similares a los que emplean los paramilitares y las fuerzas armadas. Las FARC han cometido masacres contras campesinos y grupos indígenas y Amnistía Internacional considera que violan los derechos humanos.

 Por último, la difusión de imágenes y testimonios sobre los rehenes y prisioneros, atados con cadenas, terminaron de sepultar su ya menguada credibilidad. Peor hay algo más. La gente común percibe que la guerra la perjudica y beneficia a los poderosos. Los paramilitares se ofrecen como un proyecto de refundación y orden al servicio de las nuevas formas de acumulación, donde la minería a cielo abierto y los biocombustibles resultan los proyectos estrella. Esperemos que el Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Dejación de las Armas que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, se cumplan en esta oportunidad. Y no seguir recordando lo que fue LA PAZ Y EL NEGOCIO DE LA GUERRA

 

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