Juegan al vencimiento de términos para lograr libertad de sus clientes !

Por: William Hundelshauseen

Presidente Nacional APIC

Que lastima que Cartagena, siga siendo reconocida nacional e internacionalmente por el alto grado de corrupción, que día a día alimentan su imagen ya en detrimento frente a la comunidad mundial. Los concejales de Cartagena que tenían detención domiciliaria por la supuesta elección irregular de la excontralora distrital Nubia Fontalvo, recobraron su libertad luego que un juez así lo determinara al vencerse los términos y no ser llamados a juicio.

Recordemos que la clase política hace un año aproximadamente, se estremeció con la Fase II de la Fiscalía General de la Nación que detuvo a varios concejales porque participaron de una “empresa criminal” en torno a la elección de Nubia Fontalvo como contralora del Distrito, La solicitud fue hecha por la fiscal 53, Liliana Velásquez, quien imputo cargos y solicito medida de aseguramiento contra nueve concejales del Distrito

La imputaciones contra los concejales se inició a raíz de unos audios en donde aparentemente “cuadraban” la elección de Nubia Fontalvo como Contralora Distrital a cambio de unos cargos burocráticos en la Alcaldía de Cartagena y en esa dependencia oficial, hechos por los cuales también resultó involucrado el exalcalde Manolo Duque, su primo hermano José Julián Vásquez y otros dos concejales. 

Resulta lamentable e inexplicable que, en asunto tan importante como el escándalo de 400 horas de audio, referente a la empresa criminal que se montó para defraudar al distrito, se haya permitido que los términos vencieran, sin haber adelantado los trámites y etapas procesales correspondientes. Me pregunto si los responsables de la salida de los comprometidos en el caso eran los abogados defensores, la Fiscalía o los jueces. Cada caso, sin duda, tiene sus propias características, por eso la opinión pública se ha mostrado sorprendida e indignada.

El vencimiento de términos, como causal para que una persona detenida quede en libertad, es un desarrollo de principios constitucionales. En lo relativo al tiempo que puede tomarse la administración de justicia para adoptar decisiones intermedias o definitivas en los distintos procesos, el citado artículo 29 de la Constitución considera que las “dilaciones injustificadas” son violatorias del derecho al debido proceso; y el artículo 228 de la Carta Política dispone que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

A partir de esta situación y otras, se empezó a vivir una impactante oleada de corrupción en Cartagena. Esto determinó en cambios de alcaldes en corto tiempo, se vieron involucrados al punto de pagar con cárcel a través de investigación judicial que sin embargo terminó con la absolución por vencimiento de término a pesar de todas las pruebas que se aportaron.

A raíz de todos los problemas vigentes en Cartagena, Estamos en la obligación urgente de despertar e intentar restaurar el orden moral de los políticos, funcionarios y dirigentes cívicos, que han hecho de la política, una fuente de escándalo, de inmoralidad y de corrupción. Lo grave de este problema, es que de esta manera se viene gobernando los destinos de la Ciudad, a pesar de los ingentes esfuerzo que realiza el alcalde encargado PEDRITO PEREIRA CABALLERO, que llego con el firme propósito de sacarnos donde nos metieron los administradores anteriores en la inmoralidad y en la extrema pobreza física y moral que está destruyendo la democracia;  por la presencia, de unos códigos culturales que toleran y a veces propician acciones contrarias a la norma o a la moral, con presencia de la economía ilegal y de formas ilegales de hacer política 

Pero, claro está, puesto que eso da lugar a la impunidad, o a que el procesado escape a la acción de la justicia –como muchas veces ha acontecido-, la también natural respuesta de la sociedad ante esa circunstancia es la indignación. Así que el hecho de que venzan los términos sin que haya definiciones en los estrados es igualmente violatorio del derecho a la libertad del procesado, de los derechos de las víctimas y del interés general de la sociedad. Por ello, los servidores públicos negligentes, que dejan vencer los términos, deben ser sancionados, y de manera drástica. Como también los abogados defensores que, mediante estratagemas “juegan” al vencimiento de términos para lograr la libertad de sus clientes

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