Indignante…miles de niños sin comer a pesar de ser pagada su alimentación.

El adagio de que un plato de comida no se le niega a nadie no es precisamente el preferido de las entidades territoriales del Caribe

Por: Tomás Betín del Río

Vía: El Heraldo

Comida en mal estado, cubiertos oxidados o locales inapropiados para comer figuran en el expediente de 711 páginas sobre la Costa de la Contraloría General, al que ha accedido EL HERALDO.
El adagio de que un plato de comida no se le niega a nadie no es precisamente el preferido de las entidades territoriales del Caribe y sobre todo de los operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, que paga el Ministerio de Educación, MEN, según irregularidades halladas por la Contraloría General de la República, CGR, entre 2014 y 2015.El panorama es indignante: miles de niños y adolescentes se quedaron sin desayunar o almorzar porque no alcanzaba la comida, pese a que los operadores recibieron los pagos de alcaldías, por contratos directos, o de las gobernaciones, tras convenios con el MEN; los que tuvieron la suerte de comer, en la mayoría de los casos, no recibieron las raciones completas, y desayunaban o almorzaban en el piso, al lado de vertederos de aguas residuales o en salones y laboratorios.
Los auditores encontraron a coordinadores escolares no capacitados sobre el PAE y a manipuladoras sin contratos ni elementos de trabajo, y los operadores cambiaban de nombre para contratar en varias localidades, aunque sus representantes legales eran los mismos.

Según la CGR, siete de ellos ganaron contratos por unos $269.000 millones del PAE. Entre otros, llaman la atención los casos de fundaciones como Kabala –asociada con Corazón País y Asolimentarce–, con contratos por $128.000 millones; Asoalimentarce, con más de $45.000 millones, y la Corporación Gestión de Recurso Social y Humano, GERS, con unos $26.000 millones.

Otro común denominador fue que las planillas de entrega de raciones eran diligenciadas por las manipuladoras horas o días después como si todos los estudiantes hubieran asistido a clases y consumido desayunos y almuerzos todos los días, lo que no concordaba con los controles de la asistencia escolar.

Para la CGR, la falta de un “registro exacto” de los alimentos suministrados en cada colegio y la no entrega de todas las raciones contratadas “denota irregularidades” originadas por la falta de control y seguimiento de los supervisores o interventor.
Ante este escenario que deja entrever hechos de corrupción, la Contraloría anunció que está concertando con la Procuraduría y la Fiscalía General acciones para, por ejemplo, determinar si los procedimientos de selección de operadores obedecieron “a la escogencia de las ofertas más favorable” o si se trató de procesos “hechos a la medida”.

Tras estas denuncias, que han merecido el rechazo en el país, el MEN recordó que es “responsabilidad” de las Secretarías de Educación, rectores e integrantes de los Comités del Plan de Alimentación Escolar “ejercer una debida supervisión”.

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Institución Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo: No hay comedor, los alimentos se consumen en el patio y no hay sillas ni mesas. Las paredes de la cocina están en mal estado y sin protección contra animales y plagas.

BOLÍVAR, IGNORABAN LA NORMATIVIDAD

Al revisar los contratos del PAE en la Gobernación de Bolívar, Cartagena, Mahates, Arjona, Marialabaja, San Juan Nepomuceno y Turbaco se establecieron 27 hallazgos disciplinarios y siete fiscales por $990 millones.
En Bolívar hubo dos casos de operadores que suscribieron tres o más contratos y que hicieron presencia en una o más entidades territoriales: Kabala, representada por Yomaira Inés Meza Orozco, con un contrato con la Gobernación y Fonprofuturo con un contrato con Arjona.
Advierte la Contraloría que encontró que los responsables de los Comités PAE ignoraban la normatividad, tanto que no controlaban el peso de los alimentos y no verificaban los insumos entregados.
También en Bolívar en “una institución educativa a los estudiantes les cobraban $300 diarios” a los alumnos beneficiados por los alimentos.
En el colegio Alfonso López Pumarejo, de Turbaco, cuyo operador era la Unión Temporal Crecer por Bolívar 2015, representada por Carlos Mario Schiller Pinto, al momento de la visita, de 510 complementos que debían suministrar, solo entregaron 180, sin sobrantes.

En Cartagena, en la sede principal de la Normal Superior una docente denunció que no les entregaban completos los víveres y por lo general quedando pendientes las proteínas (pollo y carne). Entre otras fallas alarmantes, la comisión auditora evidenció que entregaron 25 desayunos cuando los estudiantes beneficiados eran 318 y 80 almuerzo de los 548 que debían suministrar. El incumplimiento llegó hasta la no entrega de los 60 refrigerios reforzados.

En el convenio 944 del 2 de diciembre de 2014, celebrado por el Ministerio de Educación con el Distrito de Cartagena, se realizó la adición No. 1 del 26 de febrero de 2015, por $701 millones, y se efectúa otra adición el 14 de mayo de 2015 al contrato No. 45-47-52-53 de la Secretaría de Educación, fechado el 30 de enero de 2015 y suscrito entre el Distrito y el Consorcio Alimentamos Cartagena 2015, representado por Francisco Vera Pallares, por $663 millones.
“Se evidenció que en esta adición se disminuyó el número de días y raciones a suministrar, conllevando a un menor valor en la ejecución de la adición inicialmente suscrita en el convenio celebrado con el Ministerio. (…) Esta situación generó disminución en el número de raciones y de días, lo que afecta la prestación del servicio”, indica la CGR.
Por ello, dice, se configuró una observación con presunta incidencia disciplinaria y connotación fiscal por $284 millones.

El municipio de San Juan de Nepomuceno suscribió el 19 de mayo de 2015 el convenio de asociación SOPOP-027-19-05-2015 con la Fundación para el Desarrollo Económico con Crecimiento Social, Fundersocial, representada por Aristides Sarmiento Muñoz, por $639 millones.
Según la propuesta, el dinero se invertiría en capacitación a las manipuladoras, valoración, seguimiento nutricional a niños y niñas, talleres de educación nutricional dirigidos a padres y profesores, menaje de cocina, exámenes de laboratorio a manipuladoras y material para impresión de documentos e informes del convenio.

No obstante, se estableció el complemento de almuerzo en $1.718, pero el Ministerio había determinado para el Municipio como valor unitario para el complemento alimentario de almuerzo $1.320, “configurándose un mayor valor por complemento almuerzo de $398 pesos, que llevado al total de complementos y número de días que se prestó el servicio, (…) arroja un mayor valor de $123

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Institución David Sánchez Juliao, Lorica: La CGR conoció que en 2014 denunciaron ante la Fiscalía el suministro de carne en mal estado y leche que no contaba con el registro Invima, por el presunto delito contra la salud pública. No estaban prestando el servicio de alimentación en condiciones de calidad e inocuidad.

LA GUAJIRA: 9 HALLAZGOZ FISCALES

En el golpeado departamento de La Guajira, donde han muerto este año 24 menores por causas relacionadas con la desnutrición, detectaron 38 hallazgos con posibles alcances disciplinarios, uno con incidencia penal y nueve fiscales por $3.757 millones en las auditorías a la Gobernación, Riohacha, Uribia, Maicao, Manaure, Dibulla y San Juan del Cesar.

Entre las principales deficiencias identificaron, aunque resulte increíble de entender, a diferentes operadores contratados por el Ministerio, la Gobernación y/o las alcaldías suministrando los mismos alimentos, en el mismo espacio y con las mismas manipuladoras. Lo peor: pese a tantos operadores haciendo lo mismo, hallaron estudiantes que se quedaban sin comer o no les entregaban proteínas ni frutas y verdura.
También se notó en la península el caso de “operadores que suscribieron tres o más contratos y que hacen presencia en una o más entidades territoriales”, como la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de Watujahipau, con dos contratos con La Guajira, uno con Manaure y dos Uribia; la Asociación de Autoridades Tradicionales Wuimpala de La Guajira, con un contrato con La Guajira y dos con Maicao; Corazón País, representada por María Jacqueline Pacheco Izquierdo, con un contrato con La Guajira, uno con Maicao y uno con Manaure; y Gers, representada por Marlene Esther Vásquez Guerrero, con un contratos con La Guajira, dos con Magdalena, uno con Becerril y uno con Maicao.

Además de fallas como la no entrega de todos los alimentos, Uribia pagó $305 millones por transporte por el convenio 06, del 22 de julio de 2014, suscrito con la Asociación de Proyectos Sociales para el Desarrollo Integral, Asprodein. También suscribió el convenio 029, el 10 de febrero de 2015, con este operador y le reconoció $323 millones por transporte.

El 17 de junio de 2015, Manaure firmó el contrato 051 con la Corporación Corazón País, cuya representante legal es María Jacqueline Pacheco Izquierdo, por $2.174 millones. Para la CGR se definieron costos mayores en los alimentos “sin que se evidencie ningún sustento técnico o financiero que justifique el mayor valor definido por cada ración, o que evidencie que el Municipio mejoró la ración”.
Por ello pagaron un mayor valor durante la vigencia 2015 en cuantía de $851 millones.

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Colegio Nuestra Señora del Pilar, Dibulla: En la sede principal no están habilitados comedor ni cocina; los alimentos los consumen los alumnos de pie, fuera de los salones o en el piso.
ALUMNOS PAGABAN
En las visitas de la Contraloría a las instituciones educativas de La Guajira se hizo el conteo una a una de las raciones entregadas a los estudiantes y el resultado fue comparado con el número de estudiantes focalizados, estableciéndose que “en la mayoría de los colegios no se entregaron el total de las raciones”.

Por ejemplo, en Dibulla, en la institución educativa Técnica Rural Agropecuaria de Mingueo, donde el PAE LO opera GERS –en proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades con la alimentación escolares en La Jagua de Ibirico, Cesar–, los investigadores constataron, en visita del 25 de septiembre de 2015, que los 2.360 estudiantes “dan un aporte de 100 pesos diarios, aceptado por los padres de familia, según acta aportada en la visita”.

El 17 de junio de 2015, Manaure suscribió el contrato 051 con la Corporación Corazón País, cuya representante legal es María Pacheco Izquierdo, y para ello se adelantó un proceso licitatorio que fue declarado desierto y por tanto realizó una selección abreviada por $2.174 millones.No obstante, anota el ente de control, se definieron costos mayores en los alimentos “sin que se evidencie ningún sustento técnico o financiero que justifique el mayor valor definido por cada ración, o que evidencie que el municipio mejoró la ración”.Por ello, se pagó un mayor valor durante la vigencia 2015 en una cuantía de $851 millones, lo que “denota una gestión fiscal antieconómica ejercida por los funcionarios que participaron en las etapas precontractual y contractual del Contrato 051/15, ocasionando una lesión al patrimonio”.

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Colegio Fossy Marcos María, Aracataca. En la sede Las Delicias los niños comen en los pupitres. La sede principal tiene 41 pocillos para 509 raciones. Denunciaron que el operador Fundación Planeta Azul, contratado por la Alcaldía, suministró en una oportunidad pan con fechas de consumo vencidas y bienestarina con sabor rancio.

MAGDALENA: SOLO ENTREGABAN LA MITAD

Identificaron 14 hallazgos con presunto alcance disciplinario y dos fiscales por $3.303 millones. En Magdalena, algunos operadores entregaron la mitad de las raciones contratadas, dejando a niños sin comer, y eran los propios alumnos los que tenían que cargar las neveras con los alimentos, cuando debía haber un manipulador contratado para esto.

Entre los operadores que identificó el organismo revisor como los que suscribieron tres o más contratos y que hacen presencia en una o más entidades territoriales aparecen Asoalimentarce, representado por Ivis del Carmen Rosado Robles, con un contrato con Magdalena, tres con Santa Marta, uno con Aracataca y dos con Ciénaga; el Cabildo Indígena del Resguardo Issa, cuyo gobernador es Antonio Manuel Parodys Carmona, con dos contratos con el Magdalena y uno con Santa Marta; Gers –con un proceso de responsabilidad fiscal por contratos en La Jagua de Ibirico, Cesar–, representada por Marlene Esther Vásquez Guerrero, con dos contratos con Magdalena y Planeta Azul, con un contrato con Aracataca y otro con Zona Bananera.

Además de la Gobernación, la CGR visitó colegios de Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Fundación y Aracataca. En estos encontró, entre otras anomalías, que hubo incumplimiento de las minutas y que los alimentos se acababan por lo que muchos estudiantes tampoco comían.

En Fundación, en el colegio Colombia, sede Ariguaní, que operaba la Corporación GERS, en visita del 24 de septiembre de 2015, la Contraloría encontró que “se entregaron 293 raciones de un total de 484”. La comida se acabó y además quedó un curso de 35 alumnos sin pasar al comedor.
En Aracataca sucedió algo igual: en la institución educativa Buenos Aires, sede principal, un día antes, el organismo de control fiscal descubrió que “de un total de 412 raciones a suministrar para ambas jornadas, solo entregaron 243 raciones, quedando un faltante de 169 raciones”.
Como si fuera poco “se observó que la carne molida suministrada contenía exceso de grasa, la cual fue retirada manualmente por las manipuladoras y depositada en otro recipiente, disminuyendo la cantidad de porción de carne a ser entregada a los estudiantes”.
En una institución educativa de Zona Bananera, que no identificaron, los auditores hallaron que a los alumnos les servían en pedazos de botellas plásticas. La constancia la dejaron en un registro gráfico.

En el convenio 001-2014, suscrito el 24 de enero de 2014 por el Distrito de Santa Marta y la Asociación de Manipuladoras de Alimentos del Cesar, Asoalimentarce, identificaron un “mayor valor de las raciones contratadas” por $1.206 millones.Y al evaluar el convenio de asociación 003-2015, del 2 de marzo de 2015, firmado entre Santa Marta y este mismo operador, el pago de más, de acuerdo con los auditores, fue $2.097 millones.

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Normal Superior, sede principal, Cartagena. El menú de desayunos y almuerzos no correspondía al del día de la visita de la Contraloría. Los insumos no alcanzaron. Entregaron 25 desayunos de 318 titulares de derecho, 80 almuerzo de los 548 que debían recibir los beneficiarios y no entregaron los 60 refrigerios reforzados.

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Institución David Sánchez Juliao, Lorica: La CGR conoció que en 2014 denunciaron ante la Fiscalía el suministro de carne en mal estado y leche que no contaba con el registro Invima, por el presunto delito contra la salud pública. No estaban prstando el servicio de alimentación en condiciones de calidad e inocuidad.

CÓRDOBA: 3 CONTRATISTAS RECURRENTES

En este departamento, en el que establecieron 18 hallazgos con presunto alcance disciplinario y 10 hallazgos fiscales por $1.481 millones, llama la atención además el hecho que haya tres operadores recurrentes en la contratación. Se trata de la Cooperativa de Servicio Madres Comunitarias de Cereté, Cootrademacoc, representada legalmente por Mirta Auxiliadora Algarín Vega; Fundación Nuestra Tierra y Fundación Hacemos País.

Entre 2014 y 2015 se ejecutaron en el departamento $75.324 millones en el PAE, y las mayores deficiencias se presentaron en los municipios de Sahagún, Cereté, Lorica y San Bernardo del Viento.

Sorprende además que en estos municipios, así como en la Gobernación, Montería y Tierralta, hubo solo un contrato, es decir el 6,7% de la ejecución, que fue adjudicado en un proceso licitatorio con múltiple oferente, mientras que el 40% fue en contratación directa y el 53,3% se adjudicó en licitación pública con único oferente.

Advierte la Contraloría como deficiencias el hecho de que “los municipios no elaboran el diagnóstico situacional establecido en los lineamientos del PAE, documento base para la identificación de la población que debe recibir prioritariamente la atención alimentaria así como la verificación de la cobertura real del Programa”.

Asimismo, se critica el que no haya correspondencia “de la porción servida con el peso y volumen definido en la minuta por grupo etario”, la deficiente calidad de los alimentos, que las planillas de control de entrega de raciones no se diligencian a diario en las instituciones educativas y que las instalaciones de los comedores escolares no cumplen a cabalidad con los lineamientos.

Además, hay “carencia de comedores o cocinas adecuados; instituciones donde los alimentos se consumen de pie o en el piso, en espacios improvisados; problemática que aumenta dada la insuficiencia permanente de los servicios básicos en especial acueducto“.

En el contrato 031, suscrito el 24 de febrero de 2015, entre la Alcaldía de Cereté y la Fundación Hacemos País, por $466 millones, durante 154 días hábiles escolares, la Contraloría estableció que “se pagó un mayor valor” por ración, “lo que generó daño al patrimonio en cuantía de $169 millones”.
La respuesta del municipio es llamativa: “No existe daño patrimonial por cuanto con el actuar del alcalde municipal nunca se desarrolló gestión antieconómica e ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, ya que lo que se pretendió fue ampliar o mejorar el complemento nutricional de los niños y niñas del municipio”.
No obstante, para el organismo de control no existe una justificación objetiva para sustentar ese mayor precio y no desvirtuó el hallazgo, quedando con presunto alcance disciplinario y connotación fiscal.
El ente revisor encontró que en el contrato de suministro 021-2015, suscrito el 20 de enero de 2015 entre el municipio de Sahagún y la Unión Temporal Alimentando Niños con Amor, cuya representante es Paola Inés Mestra Díaz, por $831 millones de pesos “se aumenta el valor de ración en $196 millones”.

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Colegio Julián Pinto Buendía, Cereté: Los tanques de gas propano están cerca de las estufas, lo que es una falta de prevención de riesgos. Los estudiantes comen en el laboratorio de física, donde los mesones son altos y no hay sillas.

La Alcaldía asegura que este mayor valor en la ración se debe a que “existen algunas sedes educativas aisladas que generan gastos adicionales”, y que el operador debe descontar el transporte de alimentos a las sedes educativas y el pago a manipuladoras.
Sin embargo, advierte el informe, “la entidad no aporta prueba documental que demuestre que en los estudios previos, propuesta del contratista, pliegos de condiciones, minuta contractual e informes de ejecución, se hubiesen estudiado, documentado y estipulado los gastos adicionales”.Pero, además, se recuerda en la pesquisa que “los gastos de transporte y pago de manipuladoras están contemplados en el valor de la ración que contrata el Ministerio de Educación”.

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Colegio Leonidas Acuña de Valledupar, sede Valle Meza. El almuerzo fue cambiado el día de la visita de la CGR: dieron carne molida, que se acabó en la ración 211, y luego repartieron a los alumnos huevos revueltos, arroz blanco y un pedazo de papa al vapor.

CESAR: NO ESTABA CLARA LA POBLACIÓN A BENEFICIAR

La ejecución de dichos contratos fue igual de irregular. Para 2014, el MEN suscribió con la Gobernación el convenio interadministrativo 570/2013 con vigencias futuras por $22.004 millones; para la operación de 2015 firmó el convenio 842/2014 por $22.040 millones.
A su vez, la gobernación cesarense firmó para 2014 un contrato de prestación del servicio de alimentación escolar con el Consorcio Educación a Salvo (Fundación Kabala y Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar). El contrato inicialmente fue por $20.155 millones y con sus respectivas adiciones, en el que se usaron recursos de regalías, terminó en $48.488 millones. La CGR señala que, de acuerdo con los informes de ejecución presupuestal suministrados por la administración departamental, los recursos para alimentación escolar sumaron en total $63.742 millones.

Para 2015 suscribió la Gobernación, con base en los recursos del MEN, dos contratos con el mismo fin. Uno con el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Fundación Kabala, Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y Corporación Corazón País) por $23.538 millones y que terminó en $35.162 millones. El otro fue suscrito con el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015 (Fundación Kabala y Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar). A 31 de diciembre de este año fueron apropiados $62.866 millones para tal fin, señala la Contraloría.
Para los auditores tampoco estaba clara la población a beneficiar, lo cual, a su juicio, ocasionaba que no existiera una “información veraz” que sirviera para los análisis que debía hacer el MEN; además esto incidía en el control del programa y “evidenciaba deficiencias en la planeación y ejecución del mismo”.

Al momento de visitar en 2015 municipios no certificados como Chiriguaná, El Copey, La Jagua de Ibirico y Becerril, la CGR encontró que en las instituciones educativas atendidas no se cumplió con lo contratado: las raciones de desayunos y almuerzos entregadas no fueron las que debían llegar a los niños y adolescentes objeto del PAE.

En visita a Chiriguaná el equipo auditor verificó que además del contrato de la Gobernación con el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo, la alcaldía había suscrito otro con el Consorcio Porvenir (Corporación Gestión de Recurso Social y Humano, GERS, y la Fundación de Programas de Prevención y Nutrición, Provenir). Allí, comprobaron, en visita del 27 de octubre, que de 560 raciones a entregar (290 desayunos para bachillerato del contrato de la Gobernación y 270 desayunos del de la Alcaldía) solo dieron 175, “con un faltante de 385 raciones”. Y al día siguiente entregaron 357, es decir 203 menos de las contratadas.

Iguales incumplimientos encontraron en El Copey, La Jagua y Becerril. Por ejemplo, en este municipio el Consorcio OBED (Fundación Gestión

Empresarial de Servicios Sociales y de Asistencia a la Comunidad, Sysdag, y Corporación Gestión de Recurso Social Y Humano, GERS) debía entregar en la institución educativa Trujillo, el 14 de octubre, 1.600 almuerzos, pero, señala la CGR, apenas entregaron 422 y “a partir de la ración 347 se terminó el jugo”.

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Colegio José Agustín Mackencie, El Copey. El menaje es insuficiente en materia de cucharas y las que hay están oxidadas, por lo que algunos niños tienen que comer con la mano.
En cuanto a los contratos para la alimentación escolar en Valledupar, el Ministerio y la Alcaldía firmaron para 2014 el convenio interadministrativo 561/2013 por $7.791 millones. Para ese año, la administración municipal suscribió un convenio de cooperación con la Fundación Kabala. Para este año en Valledupar fueron destinados $12.025 millones (sumando recursos del SGP y propios).
Al analizar los pagos hechos frente a las raciones certificadas, la CGR encontró notables diferencias entre lo que liquidó el interventor Fergon S.A.S. Así lo evidenciaron en la autorización de fecha 9 de octubre de 2014 para pagar el servicio de julio, dice la auditoría: mientras el interventor certificó 669.755 desayunos y 359.339 almuerzos, los auditores encontraron, en los certificados del propio expediente del convenio, que fueron reportados 651.700 desayunos, es decir 18.055 menos de lo que dijo el interventor, y 343.064 almuerzos, 16.275 menos.
“Así las cosas, para el mes verificado, se encuentran mayores valores autorizados sin estar debidamente soportados para pago en las raciones de desayunos y almuerzos por parte del interventor del convenio, en razón de $29.501.870 y $39.499.425 respectivamente74, para un valor total de $69.001.295 detectado como presunto daño patrimonial”, subraya la Contraloría.

NIÑOS QUE COMEN CON LA MANO

El MEN para 2015 firmó con Valledupar el convenio 928/2014 por $7.631 millones. La Alcaldía, a su vez, con estos recursos firmó dos convenios con la Unión temporal Proalimentos Nutrir Cesar (Corporación para el Desarrollo e Integración de los Municipios del Magdalena y Colombia, Codimumag; Fundación Proyecto Vida; Corporación para el Desarrollo Integral de Colombia y Fundación Latinoamericana Ecologista Humano Semilla Viva, Funlehusvi) uno por $6.925 millones y otro por $5.986 millones).
La capital del Cesar, al final de este año, destinó en total $13.445 millones para alimentación escolar.
Al analizar el informe de los rectores de las instituciones educativas sobre los desayunos y almuerzos suministrados para el período del 29 de enero hasta el 27 de febrero de 2015, encuentran diferencias y consideran que pagaron $55.973.164 de más.
Al momento de visitar los colegios, los auditores hallaron que la Institución Educativa Leonidas Acuña, además de las deficiencias sanitarias como otras entidades, el operador relacionaba en sus remisiones productos que no entrega. Estos quedando pendientes, sin que se llevara el control de si se entregaron con posterioridad o no.

Además de incumplir en la cantidad de raciones contratadas, la Contraloría verificó cambios en las minutas. En la sede principal el 23 de octubre de 2015 les dieron a los alumnos espagueti con carne y pan tajado, con agua de panela, pero el menú debía ser carne guisada, arroz blanco, patacones, ensalada mixta, jugo de mora o fruta no acida en cosecha con leche.
En la sede Valle de Mesa el menú entregado constó de carne molida, “la cual se acabó a partir de la ración 211” y luego suministraron huevo revuelto, arroz blanco, papa partida al vapor y ensalada de repollo y zanahoria y colada de avena con leche, “a pesar que el menú del día definía carne guisada, arroz blanco, patacones, ensalada mixta, jugo de mora o fruta no acida en cosecha con leche”

En la sede San Francisco el menú consistió en arroz con leche y un pedazo de pan de 34 gramos y la minuta patrón definía para este día refresco de fécula de maíz, arepa rellena con carne molida y manzana o fruta de cosecha. “Por tanto, lo entregado no corresponde al menú del día”, subrayó la CGR.

Es tan precario el manejo del PAE que en la Institución Educativa Santo Domingo debían entregar 106 almuerzos, pero en la porción 95 “se acabó la dotación de cucharas”. El operador dijo que había entregado pollo en dos colegios, sin embargo en ninguna sede había este producto. Hasta las lentejas escasearon en el colegio Vicente Roig Villalba a la hora del almuerzo.

Además, en dos sedes educativas, no identificadas por la CGR, en la semana del 19 al 23 de octubre el operador “solo entregó una bolsa de leche en polvo de 900 gramos para la preparación de los desayunos”.

En El Copey, en el colegio José Agustín Mackencie, el ente de control fiscal identificó que como el menaje es insuficiente en materia de cucharas, y las que hay están oxidadas, “algunos niños tienen que comer con la mano”.

El episodio de las cucharas oxidadas y vasos insuficientes se repite en La Jagua, en la institución educativa La Palmita, de acuerdo al informe de actuación especial.Se hallaron operadores que no aparecen en las direcciones que dieron como sede y niños que tienen que comer con cucharas oxidadas.

SUCRE: CUCHARAS OXIDADAS
El Ministerio de Educación suscribió siete contratos de aporte con operadores por $13.413,2 millones para la operación de 2014 en Sucre: Fundación Unidos por Colombia por $6.105 millones, Cooperativa para el Desarrollo de las Comunidades por $ 400 millones, Fundación Prosperar Colombia por $1.227 millones, Fundaenlace $280 millones, un segundo con Cooperativa para el desarrollo de la comunidades por $267 millones, otro con Fundaenlace por $4.292 millones y otro con la Fundación Prosperar por $838,6 millones.
Para 2015 el MEN suscribió el convenio interadministrativo 921/2014 con la Gobernación del Departamento por $18.074 millones, que tuvo una adición de $7.282 millones. Con estos recursos, la administración sucreña firmó un contrato para la alimentación escolar con la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa, inicialmente por $10.750 millones más una adición por $6.143 millones.

En 13 instituciones educativas de Corozal, Sampués, San Onofre y Coveñas la Contraloría halló que también hubo incumplimientos en las entregas de las raciones de desayunos y almuerzos, o de las meriendas o complementos alimenticios.
En la Normal Superior de Corozal a las manipuladoras les pagan $6.900 para repartir los desayuno y $8.000 para repartir los almuerzos, no les suministran uniforme completo y no llevan un control sobre las raciones entregadas a los beneficiarios. Además, encontraron frutas en mal estado.

Coveñas suscribió, el 9 de marzo de 2015, el convenio de cooperación 001-2015 con la Corporación de la Mano con el San Jorge – Corpsanjorge, por $480 millones (aporte del Municipio $466 millones del SGP y $14 millones aportados por la entidad contratada aunque no se especificó el destino de estos recursos).

Dijo la CGR que de acuerdo con el informe parcial del 31 de julio de 2015, la Corpsanjorge reportó su sede en la Calle 37A No. 13-25 de Sincelejo. “Sin embargo, realizada una visita por parte de la CGR, el 10 de septiembre de 2105, a la dirección reportada no se encontró”.

En Sampués y San Onofre contrataron almuerzos y desayunos por encima de los valores establecidos por el MEN sin que se reflejara en estos alimentos una calidad que así lo justificara.

Para el Programa de Alimentación Escolar en Sincelejo en 2014 el Ministerio y la administración municipal firmaron el convenio 545/2013 por $5.643 millones. Con estos la Alcaldía suscribió dos convenios con la Fundación Prosperar Colombia, uno por $4.635 millones y otro por $3.040 millones.

Para 2015 el MEN y la Alcaldía suscribieron el convenio 867/2014 por $5.765 millones. A su vez, la administración sincelejana firmó un convenio con la Consorcio Unidos por la Niñez en Sucre (Corporación de Vida y Cultura, Corpovida; Fundación Social Alta Gracia y Corporación Regional para la Construcción). En 2015 la Alcaldía terminó apropiando recursos del SGP y de regalías que sumados a los del MEN dieron un total de $15.243, dijo la CGR.

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Colegio Julio César Primera Castro, sede Palo Alto. No tiene comedor, como muchos otros colegios costeños, y los niños comen en el patio junto a animales domésticos. No cuenta con agua potable para preparar los alimentos y cocinan con leña.

Continuando con el común denominador de los incumplimientos, en las visitas de los auditores a la Normal Superior de Sincelejo y a la Institución Educativa San Vicente de Paul, sedes principal y San Francisco, quedó en evidencia la falta de control en la entrega y recibo de insumos, pues “llegan incompletos o no se envían los correspondientes a los ciclos de menú; los equipos y el menaje son insuficientes, no suministran implementos de aseo, a las manipuladoras no les entregan la dotación completa y existen problemas en las condiciones de la infraestructura de los comedores escolares”.

Observaron que el operador “no suministra la totalidad de complementos alimentarios establecidos en el contrato y no suministra los insumos de acuerdo con los ciclos de menú”.

En la mayoría de colegios no sabían o no tenían visibilizada las minutas; no funcionaban los comités escolares de seguimiento al PAE, todo lo cual permitía el incumplimiento de lo contratado.

En Sincelejo en las instituciones educativas San Vicente de Paul, sede principal, y San Francisco la Contraloría notó que “las cucharas entregadas por el operador presentaban óxido”. Esta falla se repetía en Coveñas, en el colegio Ismael Contreras Meneses, sede principal, en centro educativo Isla del Gallinazo y en el Pío XII.
En la institución Técnica Agropecuaria de San Onofre, según el ente de control, contaba con 26 vasos para servir jugo, de los cuales “10 son frascos de aceite y envases de yogurt que reciclaron”. No había cucharas y tenían 75 platos para 700 raciones a distribuir.

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