En Regiones como el Caribe, estructuras criminales amenazan y difunden mensajes de odio contra la población refugiada y migrante venezolana

Graves violaciones a Derechos Humanos a población migrante venezolana en Colombia, revelan informes

✔ 1.933 casos de homicidio entre enero del 2015 y diciembre de 2020.

✔ 33 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos, registrados entre 2017 y 2020.

✔ 1.650 personas desplazadas de origen venezolano.

✔ 836 personas venezolanas dadas por desaparecidas entre enero de 2015 y agosto de 2020.

✔  2.319 personas víctimas de violencia sexual de nacionalidad venezolana entre enero de 2015 y agosto de 2020, siendo el 88,3% de las víctimas de género femenino y el 71% de estas menores de edad.

 Bogotá, junio de 2021. Homicidios, amenazas, desplazamientos, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, xenofobia, desaparición forzada, delitos sexuales y trata de personas son algunas de las vulneraciones a los derechos humanos que revelan los informes “Graves violaciones de derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (2019-2020)” realizados por CODHES y en los que se presenta un análisis comparado entre las cifras oficiales de la Policía Nacional, Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y los datos del Sistema de Información de CODHES, SISDHES.

En el análisis se encontró que la situación de riesgo y vulneraciones que sufre la población refugiada y migrante venezolana en Colombia, se expresa de manera fundamental en amenazas, homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, desaparición forzada y violencias basadas en género.

Los informes que se entregan en el Encuentro “Conectando Caminos por los Derechos de la Población Venezolana en Bogotá”, evidencian que el comportamiento del homicidio hacía la población venezolana en Colombia ha ido en aumento de manera sostenida desde el año 2015. Entre enero del 2015 y diciembre de 2020 se han registrado 1.933 casos de homicidio en los que las la víctima son de nacionalidad venezolana, siendo los hombres jóvenes y menores de 29 años los mayormente victimizados, y el arma de fuego el mecanismo de muerte más utilizado.

En el análisis territorial, los departamentos que presentan los números más altos de homicidio para el año 2020 son Norte de Santander con 114 víctimas, Bogotá con 92, Valle del Cauca con 52, Atlántico con 50 y Antioquia con 44 personas víctimas de homicidio.

Además, en regiones como el Caribe, estructuras criminales amenazan y difunden mensajes de odio contra la población refugiada y migrante venezolana. En Gaira, Santa Marta, han aparecido mensajes que amenazan a mototaxistas venezolanos, firmados por supuestos miembros del Clan del Golfo. En Atlántico, la Defensoría del Pueblo alertó de amenazas a la población venezolana por parte de estructuras criminales en el Suroccidente de Barranquilla, con razones xenófobas y aporofobia.

 

Según los Informes, los desplazamientos forzados de población refugiada y migrante venezolana en Colombia muestran una doble expulsión: en primer lugar, la migración forzada por la situación de múltiples crisis en Venezuela; en segundo lugar, como resultado del desplazamiento forzado asociado a experiencias de amenaza, violencia, discriminación o riesgos contra la vida y la integridad que vive la misma población de origen venezolano. Según el SISDHES, en 2020 se tiene registro de un total de 1.650 personas desplazadas de origen venezolano siendo Norte de Santander el departamento que presenta el número más alto de víctimas con 1.097, seguido de Cauca con 440 y Valle del Cauca con 50.

Además, en el marco de la pandemia, el informe “Graves violaciones de los derechos humanos a población proveniente de Venezuela en Colombia (Medellín, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla)” publicado en el 2021 por CODHES, ha mostrado que estructuras armadas ilegales en las ciudades han generado desplazamiento forzado intraurbano bajo amenaza a la población de origen venezolano cuando han incumplido con los pagos de arriendo en hospedajes, paga diarios o inquilinatos de algunas capitales del país.

Los riesgos de reclutamiento de menores de edad provenientes de Venezuela por parte de estructuras delincuenciales para su vinculación a actividades asociadas al microtráfico, tráfico de armas y drogas, campaneros y mendicidad ajena, ha incentivado que familias se desplacen de los territorios para proteger a los niñas, niñas y adolescentes.

La victimización por reclutamiento es una realidad nacional con impactos desproporcionados en territorios de la frontera colombo-venezolana y que se desarrolla a ambos lados de la línea fronteriza. Según el Secretario General de las Naciones Unidas en el informe “Los niños y el conflicto armado en Colombia” hay dos situaciones que afectan a menores refugiados y migrantes. En primer lugar, “Los menores refugiados y migrantes de la República Bolivariana de Venezuela que se encontraban en los departamentos fronterizos de Arauca y Norte de Santander estuvieron expuestos a las actividades de los grupos armados, incluido el reclutamiento y la utilización, y el equipo de tareas en el país recibió denuncias de que niños y niñas venezolanos habían sido secuestrados, reclutados y utilizados por grupos armados”.

Según el monitoreo realizado por SISDHES, entre 2017 y 2020, se ha registrado 33 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes refugiados migrantes venezolanos[1], advirtiendo del riesgo que sufren en territorios de frontera especialmente, pero también de la extensión del fenómeno hacia gran parte de los territorios del país, que es cada vez más extendida en contextos urbanos: “Esta cifra no permite ver la magnitud real del fenómeno, pero sí la gravedad de la situación de riesgo de la niñez migrante en Colombia y la falta de observancia del Estado colombiano al respecto”, señala el informe.

La tendencia de la desaparición forzada de venezolanos en Colombia ha ido en aumento en los últimos años. Para el periodo entre enero de 2015 y agosto de 2020, se tiene registro de 836 personas dadas por desaparecidas, siendo Bogotá la ciudad donde se registra el mayor número de casos con 311 registrados, seguido por Magdalena, Valle del Cauca y La Guajira. La mayoría de estos territorios han tenido la presencia histórica de actores armados asociados el conflicto armado y, más recientemente, al control territorial ejercido por estructuras de crimen organizado y delincuencia común en distintos niveles.

La violencia hacia la mujer venezolana en Colombia se manifiesta de múltiples maneras y se exacerba por vulnerabilidades asociadas a la posible irregularidad migratoria y expresiones machistas, misóginas, xenófobas y discriminatorias que vulneran a las mujeres de diversas formas, entre ellas muchas formas de violencia sexual, violencia intrafamiliar, amenazas, desplazamiento forzado por violencia basada en género, retención de documentos por parte de la pareja o ex pareja, abuso sexual, explotación sexual en diferentes contextos y trata de personas.

Entre enero de 2019 y agosto de 2020, los territorios en donde más casos se han registrado son: Norte de Santander (181), Bogotá (147), Santander (127), Valle del Cauca (110). La situación también es grave en Atlántico, La Guajira, Arauca y Bolívar.

En particular, los agresores que ejercen la violencia sexual en sus múltiples expresiones, han victimizado a 2.319 personas de nacionalidad venezolana entre enero de 2015 y agosto de 2020, siendo el 88,3% de las víctimas de género femenino. Es alarmante que de las mujeres que se vieron violentadas por la violencia sexual en este periodo de tiempo, el 71% eran menores de 18 años, lo que deja en evidencia la magnitud y gravedad de los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela en Colombia.

Al mismo tiempo, alarma que, dentro de los menores de edad afectados, el grupo más vulnerado son los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad que suman 418 casos solo entre enero de 2019 y agosto de 2020.

La Trata de personas en Colombia se presenta cada vez más como un delito que está presente en los distintos territorios del país. Los mecanismos de captación de víctimas de Trata, en los que interviene población civil y estructuras delincuenciales, se presenta de diferentes formas. El primero de ellos resulta de las ofertas laborales engañosas. Algunos de los tratantes ofrecen empleos en casa de familia, restaurantes, peluquerías u otros locales comerciales con ofertas que no se cumplen y sin exigir ningún tipo de documentación. 

El segundo mecanismo se da con la intermediación de familiares, amigos o conocidos de la víctima a quien le describen las ventajas del “trabajo sexual o la prostitución”. Además, se les promete acompañamiento en los procesos de regularización migratoria entre otros. El tercer mecanismo de captación identificado se da a través de redes de Trata de personas conformadas por grupos de delincuencia organizada que hacen presencia en zonas de frontera y con alcance, incluso dentro de Venezuela, aprovechando las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y necesidad de las mujeres venezolanas para inducirlas a la prostitución y luego ser trasladadas a distintos departamentos de país.

Las recomendaciones que hace CODHES ante esta situación son: Campañas de prevención y autoprotección; desarrollar mecanismos comunitarios de integración e información a población refugiada y migrante; fortalecer los procesos de identificación de población refugiada y migrante víctima del conflicto armado; garantizar el reconocimiento de las víctimas independientemente de su estatus migratorio y habilitar los mecanismos para garantizar el derecho a las medidas establecidas en la Ley 1448 frente a sus derechos como víctimas, entre otras.

 La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- seguirá visibilizando esta situación a través de diferentes encuentros en Medellín, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por el consorcio integrado por Pact, (ABA ROLI), Freedom House e Internews.

 Conectando Caminos por los Derechos promueve la justicia y los derechos humanos para migrantes de Venezuela, colombianos retornados y población receptora en Colombia. “Trabajamos por la seguridad ciudadana, porque todos los miembros de la sociedad tienen derecho a vivir libres de crimen y violencia, sin distinción de su estado legal en el país”.

 Mayor Información

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Sandra Peña

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