Concepto de la PNG sobre Guerra, con “claro propósito político”: abogados quintistas

“No deja de preocupar”, agregó el dirigente político del partido Alianza Verde, “cuando ya existe una posición tan contundente como la del procurador, que es quien por deber constitucional ejerce la labor de vigilante de la conducta oficial, el comportamiento a futuro en un hipotético caso de que el candidato Quinto Guerra llegare a ser Alcalde; eso generá incertidumbre jurídica, que es la antesala a una crisis institucional.

“La Procuraduría desconoce la normatividad vigente y la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia electoral y, lo que es más grave, denota un claro propósito político con intereses particulares en Cartagena”.

Así, de acuerdo con Revista Zetta, se pronunció “un equipo de abogados afines a la campaña de (Antonio ) Quinto Guerra Varela a la Alcaldía de Cartagena”, cuestionando “el concepto radicado ante el Consejo Nacional Electoral para cancelar la inscripción de su candidatura”.

Según un informe periodístico del conocido portal, el “equipo profesional simpatizante de la campaña de Quinto Guerra” se plantea varios interrogantes con respecto a la posición de la Procuraduría General de la Nación, entidad para la que no hay un ápice de duda de que el exconcejal conservador sí “está inhabilitado para ocupar el cargo de alcalde de Cartagena, al haber mantenido, dentro del año anterior al día de elecciones, varias vinculaciones de tipo contractual con entidades publicadas, así como  haberse producido actos consensuales del mismo carácter en interés propio, cuyos objetos se ejecutaron dentro del territorio del Distrito de Cartagena-Bolívar” (leer ‘Quinto sí está inhabilitado para ocupar el cargo de alcalde de Cartagena”: Procuraduría‘).

Sin mencionar nombres de responsables de las declaraciones, la revista virtual asegura que los abogados quintistas se preguntan porqué, si “la solicitud de revocatoria se está tramitando en el Consejo Nacional Electoral desde finales de marzo”, apenas este 19 de abril es cuando el ente de control disciplinario decide intervenir.

De igual forma, se preguntan los anónimos juristas porqué la Procuraduría solicita la revocatoria apenas este 19 de abril si “el calendario electoral fijado por la autoridad electoral, de acuerdo a la Ley, establece la fecha del 6 de abril como el plazo para modificar la inscripción por inhabilidad”.

Asimismo, le inquieta al grupo de abogados el hecho de que, según ellos, la Procuraduría haya desconocido “la Jurisprudencia en materia electoral del Consejo de Estado”, la cual “ni siquiera cita, ni menciona, ni controvierte” (leer ‘Concepto de Procuraduría es político y desconoce normatividad, dicen abogados‘).

“Comparto a plenitud la posición de la Procuraduría”: Fabio Castellanos

Para otros abogados, sin embargo, el concepto de la Procuraduría es claro, contundente y ajustado total y absolutamente a derecho.

Uno de ellos: el expersonero de Cartagena y exprocurador delegado para la Moralidad Administrativa, Fabio Castellanos Herrera, considera que “la posición de la Procuraduría es la interpretación más ajustada al criterio de la búsqueda de una actividad inparcial no solamente de empleados públicos sino también de contratistas, ya que no se puede entender cómo a un empleado público se le exige que renuncie un año antes de una elección a la que aspire, y en cambio se pretende que a un contratista (que en muchos casos desarrolla actitivades similares a las de los funcionarios, con todas sus prerrogativas, como en el caso que se evidenció con el candidato Quinto Guerra, que venía incluso a Cartagena a hacer entrega de viviendas), no se les exija apartarse igualmente del ejercicio de las actividades que desarrolle”.

En concepto de Castellanos Herrera, además, “es claro que con la suscripción de un otrosí, donde existe una variación en el plazo y en el valor, y donde se celebra un perfeccionamiento que obliga a tramitar unos nuevos certificados de disponibilidades y registros presupuestales, así como el diligenciamiento por parte del contratista de una póliza de garantías, estamos ante un evento nuevo, es decir ante la celebración de una nueva contratación”.

Refiriéndose, sin decirlo, a las declaraciones del “equipo de abogados afines a la campaña de Quinto Guerra”, como los identificó el portal Revista Zetta, Castellanos señaló que “he escuchado que algunos abogados han manifestado inconformidad porque la Procuraduía solo hasta ahora interviene, pues les digo que están equivocados; el procedimiento que existe ante el Consejo Nacional Electoral establece que antes de la elección se presenta la solicitud de revocatoria in limine, es decir de rechazo en la puerta, porque existe la plena prueba, y lo que tiene que hacerse para garantizar el debido proceso es convocar a todos los actores interesados, y en este caso el Ministerio Público, que es el representante y defensor de la sociedad en su conjunto y como tal es un actor fundamental, se encuentra en la fecha exacta para exponer su concepto”.

En su cuenta en Twitter, Castellanos ha expresado su concepto sobre la supuesta inhabilidad de Guerra.

“No deja de preocupar”, agregó el dirigente político del partido Alianza Verde, “cuando ya existe una posición tan contundente como la del procurador, que es quien por deber constitucional ejerce la labor de vigilante de la conducta oficial, el comportamiento a futuro en un hipotético caso de que el candidato Quinto Guerra legare a ser alcalde; eso generá incertidumbre jurídica, que es la antesala a una crisis institucional. Es claro que si el procurador general de la Nación considera que el candidato sí está inhabilitado, será el primero en presentan una acción ante el Contencioso Administrativo si finalmente este participa en los comicios y es elegido. Usted se imaginará el poder moral que ejerce la Procuraduría. No se puede menospreciar a esta entidad como algunos ahora pretenden”.

En criterio de Castellanos, “estamos ante una situación muy delicada, con un previsible desenlace que, sea cual fuere la decisión del Consejo Nacional Electoral, nos muestra desde ya un escenario negativo por los procesos que se abrirán ente los tribunales y en materia disciplinaria”.

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